En una entrevista exclusiva con Sandra Cujia Mora, gerente del Fondo de vivienda de interés social y reforma urbana en Valledupar (Fonvisocial), se desglosan las estrategias elaboradas por la entidad para fortalecer la legalización de viviendas en la capital vallenata. Enfrentando los desafíos del nuevo año, Fonvisocial busca convertirse en un fondo de vivienda más participativo y conocido, acercando su oferta institucional a la comunidad. Se plantea un enfoque en el saneamiento fiscal, realizando un inventario de los bienes fiscales en posesión del Fondo, algunos de los cuales datan de más de 20 años. La legalización activa y la participación ciudadana se promoverán mediante mesas de trabajo, campañas de difusión y diálogos en la comunidad.
Cujia Mora destaca la importancia de dignificar la calidad de vida de los vallenatos, especialmente aquellos en situaciones de viviendas no legalizadas. Se planea iniciar una campaña de publicidad a través de diversos canales, con atención al público y difusión en los medios locales. El proceso de legalización implicará solicitudes formales, documentos de respaldo, y la verificación de la coherencia entre la documentación física y técnica. Aunque no se cuenta con una cifra específica de barrios con propiedades no legalizadas, se mencionan áreas como La Nevada, Mayales Aeropuerto, Candelaria Sur, Villa del Rosario, y Villa Clara como lugares con pendientes procesos de legalización.
En cuanto a la mora administrativa en urbanizaciones como Lorenzo Morales y problemas similares en el Porvenir, Fonvisocial busca abordar estos desafíos de manera integral. Se menciona el acompañamiento psicosocial en proyectos como las torres Lorenzo Morales y acciones pendientes con la firma constructora en el caso del Porvenir.
Sobre el acceso a viviendas propias para aquellos con recursos limitados, Sandra Cujia destaca la colaboración con la Cámara colombiana de la construcción (Camacol) para revisar la situación de asentamientos humanos irregulares. Se plantea la posibilidad de iniciar procesos de legalización como proyectos piloto, trabajando en colaboración con la administración local. El enfoque es evitar futuras invasiones y garantizar que los ciudadanos cuenten con opciones viables para obtener viviendas dignas.